La garantía de los derechos a todas las personas mayoritariamente discriminadas ha sido una exigencia histórica de diversos movimientos sociales en el mundo. Estas demandas reconocidas a través de diferentes instrumentos jurídicos que instan a los estados a adoptar medidas específicas para “revertir o cambiar situaciones discriminatorias”. En esta vía fueron expedidos en Colombia los decretos 410 y 762 de 2018 para proteger y garantizar de manera expresa los derechos de la población LGTBI.
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